¿Brutalidad policial?

Una de la madrugada en Madrid. Un grupo de policías lleva varios días trabajando, sin apenas dormir, en el esclarecimiento de un secuestro. Un colombiano ha sido amarrado por unos compatriotas para saldar una deuda de cocaína. Los policías escuchan las conversaciones de los secuestradores en tiempo real gracias a Sitel –sí, sí, señores del PP, para eso sirve Sitel–. Uno de los que está con la víctima del secuestro llama a un colega: "Ven en la moto y trae el hierro", escuchan. Ya no hay duda, va a llegar el encargado de ejecutar a la víctima y llevará el hierro, es decir, la pistola. Rodeando la casa hay un grupo de geos, dispuestos a irrumpir en la casa para salvarle la vida al secuestrado. Otros policías están atentos a que llegue la moto en la que viaja el sicario. Ven como un motorista se salta varios semáforos y va en dirección a la casa donde está el secuestrado. Le cruzan un coche, le tiran al suelo, le esposan con violencia porque creen que lleva un hierro, como han oído... Pero todo es un error. No es un sicario colombiano, es un cocinero que regresaba a casa de su trabajo, lo que comprueban cuando ven su DNI. El jefe de grupo, responsable del operativo, al darse cuenta del error, decide que se le traslade inmediatamente a un hospital, pese a que el herido no quiere... Allí se le atiende, se le cura y final de la primera parte de la historia.
La historia es real. Conozco a varios de los agentes que la protagonizaron y al jefe del operativo, uno de los tipos más profesionales y honrados que he visto en el Cuerpo Nacional de Policía. Los participantes en la detención cometieron un error, por supuesto, como los cometo yo a diario. El problema es que sus errores tienen consecuencias mucho más graves que los míos. Pero aquella detención no fue más que eso, un lamentable error por el que debían ser sancionados. No hubo brutalidad, ni ensañamiento, ni palizas... ¿Cómo habría que haber actuado? ¿Dando el alto y pidiendo, por favor, al motorista que les confirmase que era el sicario que iba a matar al secuestrado y que hiciese el favor de dejar el arma que llevaba en un lugar donde no hiciese daño a nadie?
La segunda parte de la historia se acerca a la pesadilla. El cocinero denunció a los policías. La Audiencia Provincial condenó a cada uno de los tres agentes a tres años de prisión por lesiones y detención ilegal, ya que el tribunal consideró que trasladar al herido al hospital fue eso, una detención ilegal. La sentencia fue recurrida y ahora, el Tribunal Supremo ha rectificado el fallo de la Audiencia de Madrid: no hubo detención ilegal y las lesiones han sido calificadas como falta, y no como delito. Cada uno de los agentes debe pagar una multa de 1.200 euros.
Habrá quien piense que es un castigo muy pequeño para un error como el que cometieron los policías. La víctima del error seguro que así lo cree y está en su derecho. Pero lo que era absolutamente desmesurado era castigar con penas de cárcel un error que de ninguna manera es un "caso de brutalidad policial", como titula hoy El País. La sociedad y los tribunales deben proteger a todos los ciudadanos de los abusos policiales. Estoy convencido de ello, como también estoy convencido de que la sociedad y los tribunales deben proteger a los tipos que se juegan la vida en la calle todos los días para hacer cumplir la ley y para que todos seamos un poco más libres. Un recordatorio: se han cumplido ya siete años de la muerte de Salvador Lorente, un inspector del Grupo de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid. Murió porque pidió a un sospechoso colombiano que se identificase. El sospechoso le disparó y le mató. Si Salva hubiese ejercido "brutalidad policial" hoy estaría vivo.