Pronto se cumplirán tres años del asesinato de Miguel Ángel Salgado. El 14 de marzo de 2007, este hombre murió por los disparos hechos por un sicario, Charles Guarín Cercos, contratado por su mujer, la abogada Dolores Martín Pozo. Es un relato de hechos que no hago yo, sino la jueza instructora de Valdemoro en un auto firmado en los primeros días de este mes de febrero.
En el auto se decide la continuación del procedimiento por la ley del jurado, en contra de la opinión de los abogados de Dolores y Charles, que habían solicitado el sobreseimiento. Según las defensas de los dos principales acusados, todo el proceso
está basado en las declaraciones de Eloy Sánchez Barba, ex escolta de Ana Obregón e intermediario entre el sicario y la inductora del crimen. Para echar por tierra esta afirmación, el auto detalla a todos los indicios, las pruebas y los testigos que tienen los acusados en contra. En el escrito de la juez se relatan, desde las amenazas de muerte –de las que hay un testigo que ha sido amenazado– proferidas por Dolores a la salida del juicio en el que se dilucidaba la custodia de su hija, hasta el intento de asesinato que sufrió Miguel Ángel unos días antes de su muerte por parte de un coche en el que viajaban Eloy –¡ay, Sitel, Sitel!– y Guarín, pasando por el chantaje y la extorsión a la que el sicario sometió a Eloy, al que, por cierto, Sitel también sitúa en la escena del crimen en el momento del asesinato.
Así que todo parece indicar que pronto, Dolores Martín se sentará en el banquillo –al que llegará desde una prisión–, acusada de los delitos de amenazas, homicidio en grado de tentativa y asesinato y Guarín se enfrentará a los cargos de homicidio en grado de tentativa, asesinato y extorsión. Y será el jurado, no yo, ni la Guardia Civil, ni siquiera la jueza instructora, la que decida si Dolores encargó matar a su marido para evitar que le diesen la guarda y custodia de su hija.
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