El ministro Fernández Bermejo, el propio presidente del Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial... Todos han mostrado en los últimos días su indignación y parecen dispuestos a entonar un nunca más en nombre de la pequeña Mari Luz, víctima, no lo olvidemos, de un criminal llamado Santiago del Valle y de un sistema judicial perverso, lleno de agujeros por los que se cuelan tipejos como Del Valle.
Los que estamos acostumbrados a tratar con policías y guardias civiles conocemos las miserias que tienen que pasar a diario en su peregrinar por secretarios, jueces, fiscales... Esta misma semana, unos agentes de la Guardia Civil me contaban que llevan cuatro años intentando que un juez les dé permiso para destruir la ropa de la víctima de un crimen; la semana pasada, unos policías me comentaron que, tras acudir a prisión, no pudieron entrevistar a una detenida por asesinato porque no había llegado la orden desde el juzgado... Son las miserias de un sistema lento, carente de medios, anquilosado, sin ninguna agilidad...
Pero lo peor del caso de la muerte de Mari Luz probablemente no sean los cuarenta días de baja de una funcionaria con esguince de tobillo, ni los más de dos años que se tardó en hacer firme una sentencia sin ninguna complicación jurídica, ni el hecho de que nadie se acordase de que para detener a un individuo hay que emitir una orden de busca y captura... Lo peor es que nuestro código penal contempla penas máximas de cuatro años de prisión para alguien capaz de abusar de su propia hija. Y, por cierto, nuestro sistema también contempla que lo misma da abusar de una hija, que de una vecina, que de una desconocida. Creo que este debería ser el nudo del debate cuando pase la tormenta en torno a los retrasos del caso Mari Luz.
Al hilo de esto recuerdo el caso Nanysex. Tres jóvenes abusaron de una decena de niños, todos ellos menores de nueve años, y alguno de menos de dos. Como no hubo penetración, el fiscal calificó los hechos como abusos, es decir, cuatro años de prisión. En los abusos de niños no suele haber violencia, no es necesaria. Y si el padre es el que abusa, mucho menos. En muchos casos tampoco hay penetración, ni sexo oral... Pero, aún así, ¿queremos una sociedad en la que un padre que obliga a que una hija le masturbe sea condenado a dos años de prisión? Yo no. Yo quiero ver mucho más tiempo a esos tipos en la cárcel.
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